Tras la última resolución del Tribunal Constitucional de octubre de 2021 en la que declaró contrario a la Constitución el decreto por el que se acordó el segundo estado de alarma, se espera un aluvión de recursos por la posible responsabilidad patrimonial del Estado durante el primer estado de alarma decretado por la pandemia del COVID tras haberlo declarado inconstitucional el tribunal constitucional en torno a 4000 y 5000 asuntos podrían llevar al colapso de la sala de lo contencioso administrativo.
Se trata del tercer fallo contra la estrategia jurídica puesta en marcha por el Gobierno para hacer frente a la emergencia sanitaria. Las anteriores se referían al primer estado de alarma y al parón del Congreso durante el inicio de la pandemia.
La sentencia considera que el Gobierno pretendió eludir un control eficaz del Parlamento.
El Congreso renunció a ejercer sus funciones de control tanto en lo relativo a la larga duración del estado de alarma como en cuanto a las medidas concretas de restricción de derechos que ello iba a suponer.
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