La propuesta llegada de Bruselas plantea dar el certificado de energía “verde” a toda aquella que sustituya al carbón y emita por debajo de los 270 gramos de CO2 por kw/h.
Según el borrador, con esa calificación se podrían obtener licencias de construcción hasta 2030 siempre que exista un plan para cambiar a energía de bajas emisiones antes de que se cierre el 2035.
Propone que las centrales que obtengan los permisos hasta 2045 cumplan unas condiciones muy estrictas para evitar daños al medio ambiente y a los acuíferos de la zona, aunque esta obligación ya se respeta en la actualidad.
Los Estados miembros y la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles tienen hasta el 12 de enero para pronunciarse sobre la propuesta de la Unión Europea, aunque no todos los países se muestran de acuerdo.
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